Ahora que se ha puesto de moda tirar estatuas al suelo, pintarlas o amputarlas, va siendo hora de hacer lo que todos los ciudadanos pensamos, pero que parece que los políticos no: crear una ley para proteger las estatuas.
Me dirán
que ya hay una norma que sirve para todo lo que voy a decir. Pues la habrá, pero parece que
no la haya.
Lo
primero de todo es que la persona o personas que dañen una estatua en la vía
pública (valga lo que digo para cualquier monumento o mobiliario público) deberán pagar la
íntegra reparación de los daños, asciendan estos a la cantidad que
asciendan.
Cuando
una masa claramente forme una unidad de intención,
una unidad de voluntad, a la
hora de dañar una estatua, la pagarán aquellos individuos que sean
identificados por las fuerzas de seguridad.
De manera
que, en caso de vandalismo, los individuos que conformen un grupo tendrán que alejarse para de los autores para no
participar del delito. Del mismo modo que si sucede una violación de una mujer,
uno no puede quedarse mirando, tampoco en el caso de este otro delito. El
delito de vandalismo, frecuentemente, tiene un cariz grupal y, por lo tanto, la
ley debe adaptarse a la realidad. Hay que olvidarse de otros criterios de
responsabilidad bienintencionados, pero que no sirven para evitar el delito. La
razón primera de la ley es evitar el delito. Si no funciona para eso, no
funciona la ley. Resulta impensable que no se pueda crear una ley eficiente para detener un
delito.
En caso
de que solo unos pocos individuos sean identificados por la Justicia, esos
pocos (o aunque solo sea uno) se le aplicará una escala de participación en la
indemnización de daños que tendrá un carácter ejemplar. En este tipo de delitos
grupales, se debe llegar a un criterio razonable, pero que sea ejemplar. No se
debe aplicar una división entre las muchísimas personas que participaron y no
se identificaron (la cantidad a pagar sería mínima e irrisoria) ni tampoco se
debe hacer pagar el mal de todos a unos pocos imputados (la cantidad a pagar
sería inmensa). Se debe alcanzar un criterio razonable entre esos dos extremos;
pero, en cualquier caso, ejemplar.
La
policía ya no tendría la necesidad de atrapar a todos los culpables. El ejemplo
disuasorio tendría lugar, aunque solo se atrapara a un culpable.
Alguien
alegará que una ley así podría ser mal usada por una dictadura. Pero no nos
engañemos, no podemos dejar de poner el remedio adecuado por
ese miedo porque cuando llega un dictador ya se encarga de crear unas leyes que sean de su gusto.
P. FORTEA
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