El Vaticano exigirá, a partir del día de hoy, a todos los directivos y altos funcionarios de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, firmar una declaración jurada en la que atestigüen que no han sido condenados ni han sido investigados por delitos de terrorismo, lavado de dinero, explotación de seres humanos o evasión fiscal.
Esta medida se establece por medio de una Carta Apostólica en forma motu
Proprio del Papa Francisco en virtud de la cual se establecen disposiciones
sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas.
Según se establece en el Motu Proprio firmado por el Pontífice, se trata
de una medida que afecta a los niveles funcionales C, C1, C2 y C3, es decir, a
Cardenales jefes de dicasterio y sub directores con contrato directivo por
cinco años en la Curia, además de a todos aquellos funcionarios que tengan
responsabilidad administrativa.
En la declaración jurada deberán afirmar “que
no han recibido condenas definitivas por delitos dolosos en el Estado de la
Ciudad del Vaticano o en el extranjero y que no se han beneficiado en relación
con los mismos de indulto, amnistía, perdón y otras medidas similares o han
sido absueltos de los mismos por prescripción”.
Deberán declarar también “que no están
sujetos a procedimientos penales pendientes o, en la medida en que el
declarante tenga conocimiento de ello, a investigaciones por delitos de
participación en una organización delictiva; corrupción; fraude; terrorismo o
relacionadas con actividades terroristas; blanqueo de capitales procedentes de
actividades delictivas; explotación de menores, formas de tráfico o explotación
de seres humanos, evasión o elusión fiscal”.
También deberán declarar “que no poseen, ni
siquiera a través de terceros, dinero en efectivo o inversiones, incluidas las
participaciones o intereses de cualquier tipo en empresas y negocios, en países
incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de
capitales o de financiación del terrorismo, identificados según procedimiento
de la Autoridad de Vigilancia e Información Financiera, salvo que el declarante
o sus familiares hasta el tercer grado de parentesco residan en dichos países o
hayan establecido su domicilio en ellos por demostradas razones familiares,
laborales o de estudios”.
Declararán, asimismo, “que todos los bienes
muebles e inmuebles de propiedad o incluso solamente en posesión del
declarante, o las compensaciones de cualquier tipo recibidas por el declarante,
en la medida en que el declarante tenga conocimiento de ello, proceden de
actividades lícitas y no constituyen el producto o el beneficio de un delito”.
En la declaración jurada deberán afirmar “que
no tiene, hasta donde sabe el declarante, participaciones o intereses de ningún
tipo en sociedades o empresas que operan con fines y en sectores contrarios a
la Doctrina Social de la Iglesia”.
Por último, deberán declarar “que no posee,
ni siquiera a través de terceros, dinero en efectivo o inversiones, incluidas
acciones o participaciones de cualquier tipo en sociedades y empresas, en
países incluidos en la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos
fiscales identificadas según procedimiento de la Secretaría de Economía, salvo
que el declarante o sus familiares hasta el tercer grado de parentesco sean
residentes en dichos países o hayan establecido su domicilio en los mismos por
razones familiares, de trabajo o de estudio y se haya declarado dicha
disponibilidad ante las autoridades fiscales competentes”.
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
Esta declaración se establece en virtud de la adhesión de la Santa Sede
a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de
Mérida. La Santa Sede se adecúa así “a las mejores
prácticas para prevenir y combatir la corrupción en sus diversas formas”.
El Papa Francisco recuerda que “ya con la
Carta Apostólica en forma de Motu Proprio del 19 de mayo de 2020, titulada
‘Normas sobre la transparencia, el control y la competencia en los contratos
públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano’, se
establecieron medidas fundamentales para combatir la corrupción en el ámbito de
los contratos públicos”.
No obstante, este nuevo Motu Proprio se hace necesario, pues la
corrupción “puede manifestarse de diferentes
maneras y formas incluso en sectores distintos al de las contratas, y por ello
las normas y mejores prácticas a nivel internacional prevén obligaciones
particulares de transparencia para las personas que ocupan puestos clave en el
sector público con el fin de prevenir y combatir, en todos los sectores, los
conflictos de intereses, las prácticas clientelistas y la corrupción en general”.
POR MIGUEL PÉREZ
PICHEL | ACI Prensa
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