Indignación y rechazo causó la detención de un grupo de migrantes venezolanos en Arica, en la frontera norte de Chile.
Según lo informado por el Instituto Católico Chileno de Migración
(Incami), el 23 de abril, 32 migrantes venezolanos fueron detenidos por la
Policía de Investigaciones (PDI) por orden de la intendencia de Arica y
Parinacota, para ser deportados a su país.
El procedimiento se enmarcaría en la ley de migraciones promulgada el
pasado 11 de abril, que exige obtener una visa en los consulados chilenos de
los países de origen, con el fin de evitar que una vez en Chile, los
extranjeros cambien su visa de turismo para luego buscar la permanencia.
En el caso de los extranjeros que ya ingresaron por pasos habilitados
antes del 18 de marzo de 2020 y que no tengan antecedentes penales, tendrán un
plazo de 180 días para solicitar una visa de residencia temporal sin ser
sancionados.
El cierre de fronteras debido a la pandemia del coronavirus ha provocado
el ingreso irregular a Chile de unas cuatro mil personas.
Para los que ingresaron luego de marzo de 2020 de manera regular y cuyas
visas se vencieron podrán pagar la multa correspondiente y solicitar un nuevo
documento. En cambio, para los que entraron por pasos clandestinos deben salir
del país para regularizar su situación.
A través de un comunicado enviado a ACI Prensa, las instituciones
indicaron que los migrantes detenidos “fueron
despojados de sus pertenencias e incomunicados, sometidos a revisiones corporales
y tratos vejatorios, a pesar de no haber sido detenidos en flagrancia por algún
delito”.
Al enterarse de lo sucedido, familiares y agrupaciones de migrantes
acudieron a los abogados del Servicio Jesuita al Migrante (SJM) y al Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH). Solo estos últimos tuvieron acceso a los
detenidos.
La madrugada del 24 de abril, distintas organizaciones dedicadas a la
acogida, protección, promoción e integración de las personas inmigrantes,
presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Arica para
solicitar que se detuviera la expulsión.
Al mediodía, la justicia acogió la solicitud y paralizó el traslado de
algunos migrantes. Los que fueron deportados tenían antecedentes por delitos
cometidos anteriormente.
Pasadas las 6:00 p.m. las personas fueron liberadas y al salir de las
dependencias de la PDI los migrantes se reencontraron con sus familias que los
esperaban con el equipaje que la institución les había ordenado traer para los
expulsados.
“La orden de no innovar sólo detiene la
materialización de la expulsión. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Arica
deberá conocer el fondo de las alegaciones del asunto para decidir si el actuar
de la autoridad administrativa, es decir, la intendencia de Arica es ilegal y
arbitrario o si las expulsiones han sido realizadas conforme a Derecho”.
Incami aseguró en su página de Facebook que
la ley 20.430 de octubre de 2010, “establece
disposiciones sobre protección de refugiados y solicitantes de refugio, ordenando
que a ninguna persona que manifiesta la intención de solicitar refugio se le
podrá expulsar del país, sin antes tener la posibilidad de exponer su caso”.
“La norma anterior, protege el derecho de los
solicitantes de refugio a por lo menos ser oídos por la autoridad migratoria a
fin de exponer su caso y ser beneficiados con la protección de dicha ley”, precisaron.
Dado lo anterior, “cualquier expulsión que
no garantice los derechos de los solicitantes de la condición de refugiado es
una expulsión arbitraria e ilegal, y por ende no debe prosperar”,
aseguraron.
En conversación con ACI Prensa, la directora de Cáritas Arica, Fredmary
Gutiérrez, explicó que gran parte de los detenidos tienen entre 8 a 10 meses de
haber realizado la autodenuncia, es decir, indicar ante las autoridades que
ingresaron en forma irregular al país y a partir de ahí comenzar un proceso de
regularización de sus papeles.
Incluso, una gran mayoría trabaja, estudia y cotiza para un sistema de
previsión social.
Entre los casos que destacó Gutiérrez está el de una mujer que recibió
la notificación de deportación y que, de haberse concretado, sus cuatro hijos,
todos beneficiarios del sistema social, habrían quedado solos en Chile.
La directora de Cáritas Arica aseguró que “el
conflicto que está produciendo esta nueva ley es la arbitrariedad con la que se
impone”. “Si bien, efectivamente las personas están internalizando que ya no
deben hacer ingreso por pasos no habilitados, en los casos que ocurre, debemos
velar por el debido proceso, sin vulneraciones de las personas que ya de por si
vienen con un trauma y un estigma grande de migración irregular”,
afirmó.
“Nadie sale de su país por gusto, por eso debemos
velar por la dignidad humana, la solidaridad ante esta realidad tan sentida que
involucra incluso la separación de familias”, reflexionó
Gutiérrez.
El Obispo de Arica, Mons. Moisés Atisha, manifestó el 24 de abril su
“indignación y rechazo” por la situación,
sobre todo por los relatos de “revisiones
corporales indebidas”, lo que “constituye
una vulneración grave y violenta de los derechos fundamentales de las personas
migrantes".
En ese sentido, exigió que se “respete y
proteja la dignidad e integridad física y psíquica de toda persona
independiente de su nacionalidad, género, edad y condición migratoria, según lo
prescrito” en la Constitución y tratados internacionales suscritos por
el país.
"No podemos desconocer que las personas
afectadas son de nacionalidad venezolana, país fuertemente asolado por la
pobreza, hambruna, violencia y vulneración a los derechos fundamentales”, aseguró el Obispo de Arica.
“Estamos frente a uno de los mayores éxodos vividos
en la historia de Sudamérica, afectando intensamente a toda la región. Creemos
que toda persona tiene derecho a vivir con dignidad y a buscar los medios para
su subsistencia de forma lícita y legítima.
En ese sentido exhortaron al Estado a buscar
“medidas de cooperación internacional que permitan encontrar una solución
integral en la vida de las personas de nacionalidad venezolana que han deseado
convertir a nuestro país en su nuevo hogar", concluyó el Obispo de Arica.
CRISIS EN LA FRONTERA
DE CHILE
La promulgación de la nueva ley de migración se produce ante la tercera
ola de migrantes que llegó a inicios del 2021 y que, a diferencia de las dos
primeras que arribaron en 2018 y 2019, tienen poca preparación en asuntos
migratorios y pocos recursos para concretarlo.
Hasta el 2019, los migrantes en Chile correspondían al 7,8% del total de
la población, siendo los venezolanos el grupo mayoritario, seguido por los
peruanos, haitianos, colombianos y bolivianos.
El operativo que originó el reclamo de este grupo de migrantes terminó
con la expulsión de 55 ciudadanos venezolanos desde la ciudad de Iquique, y que
contaban con antecedentes penales.
POR GISELLE VARGAS | ACI Prensa
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