Los Obispos de España respondieron a la “acusación gravemente injusta” que realizó la Ministra Ione Belarra en la que acusaba a la Iglesia católica de “encubrir” abusos sexuales. La CEE aseguró que el buen trabajo de millones de de personas “no puede quedar empañado” por “las apreciaciones de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y confrontación”.
Durante el pleno del Congreso de los Diputados en el que se aprobó la
Ley contra la violencia a la infancia, la Ministra de Derechos Sociales y
Agenda 2030, Ione Belarra perteneciente al partido de extrema izquierda
Podemos, señaló a la Iglesia Católica como cómplice en
el encubrimiento de casos de abusos sexuales.
“Es una verdad incómoda pero hay que decir que la
Iglesia católica ha sido cómplice demasiadas veces en este país encubriendo la
violencia sexual hacia los niños, y esto tiene que terminar", aseguró Belarra en el Congreso de los Diputados el pasado 15 de
abril.
Ante estas acusaciones, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha publicado una
respuesta en la que
asegura que se trata de “una acusación
gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas
durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad”.
Además subrayaron que esto "no puede
quedar empañado ni por las acciones de algunos de sus miembros que son indignos
de ese trabajo ni por las apreciaciones
de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la
Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura
y confrontación”.
En el comunicado de la CEE también se recordó que estudios
independientes recientes han puesto de manifiesto la gravedad de este problema
en nuestro país y señalan que "el 0,2% de
los casos se han dado en actividades religiosas” y que aunque es "para
nosotros grave, pone en su magnitud las dimensiones del problema y señala
los entornos en los que se producen mayoritariamente los abusos, que deben
tener especial atención y protección”.
“Como parte de su misión, la Iglesia está
firmemente comprometida en la promoción integral de los menores y desarrolla
miles de iniciativas cada año que buscan formarlos en valores tan relevantes
como la solidaridad, el respeto a la diferencia, el servicio al bien común
o el cuidado del entorno según los principios del humanismo cristiano”, aseguraron.
Además renovaron "el compromiso de la
Iglesia con la protección de los menores que seguirá dando pasos adelante"
y agradecieron el trabajo de todos "los que dentro y fuera de la
Iglesia trabajan en el cuidado de los menores y en su formación, para un futuro
mejor".
En el comunicado de la CEE también recordaron que “la Iglesia católica inició ya en 2002 un largo proceso
de actualización de sus protocolos y su código de derecho especialmente
en cuestiones de prescripción de esos delitos y de prevención de abusos en
el presente y en el futuro, aspectos que ahora incorpora la legislación
española. Desde aquel año se han desarrollado protocolos y entornos
seguros para los menores en los lugares en los que la Iglesia realiza su
actividad. Las congregaciones religiosas han desplegado un importante
número de iniciativas para atender de manera segura a los menores y también la
Iglesia diocesana está recorriendo ese camino y han habilitado oficinas de
protección a los menores y prevención de abusos en todas las diócesis
españolas”.
La ley de protección a la infancia frente a la violencia fue aprobada en
el Congreso de los Diputados el pasado 15 de abril, y ahora debe ser ratificada
en el Senado. Se prevé que se apruebe de manera definitiva en junio.
Los principales puntos de esta ley de protección a la infancia se
centran en que el plazo de prescripción de los delitos graves contra
menores no comenzará a correr hasta que la víctima haya cumplido 35 años,
y no 18, como hasta ahora.
Los menores de 14 años o personas con discapacidad sólo deberán declarar
una vez durante la fase de instrucción del proceso judicial, tendrán
derecho a una defensa y representación gratuitas y quienes adviertan indicios
de violencia ejercida sobre menores están obligados a denunciar ante
la autoridad correspondiente.
A esta ley se la conoce como “ley Rhodes” en
referencia al pianista James Rhodes que sufrió abusos sexuales durante su
infancia y que ha trabajado para que se apruebe en España esta ley, que es
una de las más avanzadas en prevención y reparación.
POR BLANCA RUIZ | ACI Prensa
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