El 16 de febrero, los Obispos de Inglaterra y Gales publicaron un comunicado para expresar su angustia al enterarse que recientes informes revelan órdenes de “no resucitar” a los pacientes con COVID-19 que tengan discapacidad intelectual.
A inicios de esta semana, el periódico The Guardian informó que mientras
la segunda ola de la pandemia del coronavirus continúa en Reino Unido, se está
dando la orden de “no resucitar” a los pacientes
con COVID-19 por el solo hecho de tener discapacidad intelectual.
Por su parte, la organización benéfica británica Mencap, defensora de las personas con
discapacidad de aprendizaje, dijo que se enteró el mes pasado de que a las
personas con discapacidad intelectual se les había dicho que no serían
reanimadas si contraían el COVID-19. Indicaron
que en las próximas semanas sería publicado un informe sobre la práctica.
Las órdenes de “no resucitar” pacientes
generalmente se aplican a personas que por su gravedad es poco probable que
sobrevivan, incluso con esfuerzos de reanimación.
El presidente del Departamento de Justicia Social de la Conferencia de
Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, Mons. Richard Moth, dijo que “nuestro valor como seres humanos nunca debería estar
determinado por el estado de nuestra salud o capacidad mental”.
“Toda la vida humana está dotada de la misma
dignidad dada por Dios desde el momento de la concepción hasta la muerte
natural”, subrayó.
Además, denunció que la medida discriminatoria ocurra “en un momento en
que la implementación eficiente del programa de vacunación nos brinda tanta
esperanza”. “Es impactante escuchar que las
personas con discapacidades de aprendizaje están siendo víctimas de tal
discriminación”, agregó.
Mons. Moth también destacó el contraste entre las órdenes de “no resucitar” personas con esta condición y el “profundo amor y compasión” que han mostrado los
que cuidan a las personas con discapacidades, especialmente, para garantizar su
seguridad durante la pandemia del COVID-19.
El Prelado calificó de “totalmente
inaceptable e inmoral sugerir que los desafíos que enfrentan algunas personas
con discapacidades de aprendizaje para comunicar los síntomas” serían
motivo de una orden de no reanimación.
También criticó que las órdenes de no resucitarlos se den de forma
general, sin considerar la individualidad de cada persona con discapacidad
intelectual. No es posible “tratar a las personas
con discapacidades de aprendizaje como si fueran todas iguales”, sino
que se deben reconocer las circunstancias únicas de cada persona. “No debería haber discriminación de este tipo en nuestro
servicio de salud”, agregó.
El Prelado también se refirió a una declaración de abril de 2020 de la
Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales que enfatiza la necesidad de tomar
decisiones éticas en casos de recursos médicos limitados.
“Una decisión en contra de ofrecer un determinado
tratamiento para prolongar la vida a un individuo, nunca debe ser un juicio
basado en el valor de la vida de esa persona, incluida su edad u otras
características sociales, sino una decisión pragmática sobre la probabilidad de
que se beneficie de la intervención dada su condición médica”, decía ese comunicado.
Reino Unido, que tiene una población de 67 millones, tiene la quinta
cifra más alta registrada de muertes por COVID-19 en
el mundo, después de Estados Unidos, Brasil, México e India.
The Guardian citó cifras del Servicio Nacional de Salud que indica que
en las cinco semanas desde que comenzó el último cierre, el COVID-19 fue responsable del 65% de las muertes de
personas con discapacidades de aprendizaje.
Un estudio de Public Health England (Salud
Pública de Inglaterra) de noviembre del año pasado señaló que las personas con
discapacidades de aprendizaje tenían una tasa de muerte por COVID-19 hasta seis veces mayor que la población
general durante la primera ola de contagios.
El estudio británico concluyó que la tasa de mortalidad de las personas
de 18 a 34 años con discapacidades de aprendizaje era 30 veces mayor.
Los activistas también criticaron a los ministros del gobierno de Reino
Unido por no dar a todas las personas con discapacidad intelectual acceso prioritario
a las vacunas contra el coronavirus, a pesar de la evidencia de que las
personas con discapacidad tienen más probabilidades de morir después de
contraer el COVID-19.
La Society for the Protection of Unborn Children (SPUC) (Sociedad para
la Protección del Niño por Nacer) alertó sobre los informes que revelan las
órdenes de “no resucitar” a personas con
discapacidad intelectual, y las calificó de “espantosas”
e indicativas de “discriminación
vergonzosa”.
“La orden de ‘no resucitar’ a pacientes con dificultades
de aprendizaje es indicativo de una discriminación social más amplia hacia las
personas vulnerables, que hemos visto en otros lugares, incluida la actitud
discriminatoria que actualmente se dirige hacia el síndrome de Down”, dijo un portavoz de SPUC.
Traducido y adaptado por Cynthia
Pérez. Publicado originalmente en CNA.
Redacción ACI Prensa
No hay comentarios:
Publicar un comentario