El 30 de julio se conoce como el Día mundial contra
la Trata de Personas desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU) y los países firmantes se comprometieron a concientizar sobre el tema, y
promocionar y proteger los derechos de las víctimas.
Este problema fue identificado y abordado por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) desde el 2003, cuando se detectó que
había cerca de 225 mil víctimas de tráfico de personas a nivel mundial. Luego,
en 2006, el Gobierno de Japón se reunió con agencias de la ONU y crearon en
2007 el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas
(ICAT).
A partir de ello, en 2010 la Asamblea General de la ONU adoptó un Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de
Personas y creó un “Fondo Voluntario Fiduciario para las víctimas del
tráfico” que priorizó a las mujeres y niños “víctimas
de conflictos armados, corrientes migratorias y refugiados”.
En 2013, bajo resolución A/RES/68/192,
la Asamblea General de la ONU y los estados miembros designaron el 30 de julio
como “Día Mundial contra la Trata de Personas”, y en 2015 se comprometieron a
terminar con este problema con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. En
2016, en la “Cumbre sobre los Refugiados y los
Migrantes” se aprobó la Declaración de
Nueva York que incluye 19 temas
centrados en luchar contra la trata y contrabando de migrantes.
En 2019, la UNODC emitió el Informe
Mundial sobre la trata de personas 2018, que señala que
en los últimos años la proporción de afectados por la trata al interior de los
países aumentó en 58%.
Durante la pandemia del coronavirus, el problema de la trata de personas
se ha agudizado, pues el aumento de la pobreza da paso a que los traficantes
recluten y exploten a las personas más vulnerables. Por ello, el ICAT creó un
informe con recomendaciones para enfrentarlo.
La Iglesia Católica también se ha pronunciado contra la trata de
personas. En el 2013, el Papa Francisco dijo que los más afectados por este
“crimen contra la humanidad” son “los más
vulnerables” y “los que provienen de
situaciones de desintegración familiar y social”.
Por ello, exhortó a los gobiernos a intervenir y tomar responsabilidad y
una voluntad política más fuerte para facilitar la regulación de las
migraciones y garantizar la incolumidad de los familiares de las víctimas “para evitar que los corruptos y delincuentes eludan la
justicia”.
También pidió que en el ámbito cultural y de comunicación se deje de
tolerar al ser humano como “objeto expuesto para
vender un producto o para satisfacer deseos inmorales”. Afirmó que “la persona humana nunca debe ser comprada y vendida como
una mercancía” y advirtió que “quien la
utiliza y la explota, aunque sea indirectamente, es cómplice de este abuso”.
En 2014, el Papa Francisco creó el Grupo de Santa Marta, nombre de su
residencia en el Vaticano, para reunir a líderes católicos y jefes de policía
internacional para luchar contra este problema.
Ese mismo año, 60 expertos de 33 países representantes de diversas
organizaciones de la Iglesia lideradas por Cáritas Española y Cáritas
Internationalis se reunieron, como cada dos años, para encontrar nuevos modos
de luchar contra el “segundo negocio clandestino más lucrativo del mundo,
después del tráfico de armas y por encima del tráfico de drogas”.
En el 2015, el Papa Francisco dedicó su Mensaje
para la Jornada de la Paz a este
problema, como prioridad clave de la diplomacia internacional de la Santa Sede.
En 2016, Mons. Bernardito Auza, Observador Permanente de la Santa Sede
ante las Naciones Unidas, recordó que el Pontífice se ha pronunciado
reiteradamente sobre este “horror” y todas
las “formas de esclavitud moderna”, y que
los institutos católicos religiosos, programas nacionales y diocesanos y fieles
luchan contra sus causas, atienden a las víctimas y concientizan a la gente.
El Santo Padre se “reunió con los
diplomáticos recién acreditados, con los líderes religiosos internacionales,
con una asociación de jefes de policía internacional, líderes de la Iglesia,
con científicos, académicos, con los alcaldes de todo el mundo, jueces y con
varias conferencias en todo el mundo” para enfrentar este tema, señaló Mons.
Auza.
En 2019, la Unión Internacional de Superioras y Superiores Generales
organizó la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas,
promovida por el Papa Francisco y celebrada cada 8 de febrero con motivo del
día de San Josefina Bakhita, secuestrada a los 9 años para ser
esclavizada y torturada y que es reconocida por su espiritualidad y fuerza
contras las adversidades.
En esta fecha, el P. Frederic Fornos, director internacional de la Red
Mundial de Oración del Papa, dijo que el Santo Padre afirmó que “las víctimas no son cifras, son nombres, caras,
historias concretas, son nuestros hermanos y hermanas en humanidad. No podemos callar
si no queremos vender nuestra alma al diablo”.
Este año, Cáritas y la red cristiana contra la trata de personas
(Coatnet), que reúne a 46 organizaciones en el mundo, dijeron que según la
Organización Internacional del Trabajo, “hoy en el
mundo hay más de 40 millones de víctimas de la trata de seres humanos y de la
explotación”.
También denunciaron que durante la pandemia del coronavirus muchos
países bajaron la guardia en la lucha contra las trata de personas y pidieron a
los gobiernos “medidas urgentes” que apoyen
a los trabajadores de sectores informales como los empleados domésticos,
agrícolas y de la construcción, pues “se encuentran
entre los más vulnerables”, entre ellos, “los
migrantes privados de documentos”.
Además, advirtieron que debido al aislamiento obligatorio, se han
reducido las posibilidades de las víctimas para huir de sus explotadores y
pedir ayuda o asilo. También denunciaron que han aumentado los casos de
violencia contra menores y los niños víctimas de explotación por internet, pues
están más expuestos cuando los padres no supervisan la educación a distancia.
El 30 de julio de 2020, el Papa Francisco lanzó un nuevo llamado para
trabajar contra esta “herida en el cuerpo de la
humanidad” y exhortó a educar sobre el uso saludable de los medios
tecnológicos, pues las investigaciones demuestran que más víctimas son atraídas
con engaños. También pidió que los proveedores de estos servicios asuman la
responsabilidad de supervisar este problema.
Redacción ACI Prensa
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