A petición del Ministerio de Justicia
La Fiscalía de
la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación por la denuncia
de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, acerca de las
agencias intermediarias de gestación subrogada que operan en España.
(EP) El
Ministerio de Justicia solicitó hace diez días a la Fiscalía General del Estado que iniciara una investigación sobre las
actividades de estas agencias.
En este sentido, recordó que
la gestación por «vientres de alquiler» es una «práctica
prohibida» por la
legislación española y señaló que las agencias que ofrecen estos servicios en
España «se lucran mediante esta actividad ilegal
que realizan en terceros países».
Además, el Ministerio de
Justicia advirtió de «la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes» y que, «en ocasiones, se hagan pasar por hijos a
niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas».
Todo ello, según precisó, «sin perjuicio de dar solución a las
situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor».
Desde la asociación «Son Nuestros Hijos», su tesorero Eduardo Chaperón
calificó de «bomba de humo» esta
petición del Ministerio de Justicia a la Fiscalía. «Nos
podría parecer mal si tuviese alguna consecuencia negativa de facto»,
afirmó entonces en declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press.
De este modo, Chaperón recordó
que la legislación española
sobre técnicas de reproducción asistida no recoge la
prohibición de la gestación subrogada.
«Lo que dice es que hay nulidad. Un acto nulo no es un acto prohibido.
No hay sanción», manifestó el representante de Son Nuestros Hijos, al tiempo
que destacó que «tampoco prohíbe la intermediación».
En esta misma línea, la
abogada experta en familia, adopciones y gestación subrogada, Ana Miramontes, letrada de varias parejas que han recurrido a esta
técnica de reproducción asistida
prohibida en España, indicó a Europa Press que se estaba tratando de «demonizar a las familias» que recurren a la gestación subrogada y
temían
por la «estigmatización social».
«Con respecto al
sentir de las familias, lo que se está consiguiendo es, primero, que sientan
que lo que se está tratando es de demonizar a esas familias, al respecto del medio
que han elegido para ser padres o madres, y que los verdaderos damnificados
perjudicados directos son los niños, por los que temen por la
estigmatización social que esta forma de actuación del Ministerio genera», afirmó Miramontes.
«NO SOMOS VASIJAS»
PIDE PROHIBIRLAS
Por su parte, desde la
asociación 'No somos Vasijas' y desde la Red Estatal contra el alquiler de vientres, su
portavoz Alicia Miyares pide ir más allá, «prohibir» las agencias intermediarias de gestación subrogada y que España no
permita el registro de bebés nacidos por esta práctica en otros países.
«Es una buena
noticia que investiguen las agencias de alquiler de vientres. Esperamos con
bastante expectación que la consecuencia de esa investigación sea que se aborde
la prohibición de estas agencias de intermediación, la prohibición de
publicidad y lo que es más relevante: la derogación de la instrucción de 2010 por
la que se permite el registro de recién nacidos por esta
práctica», precisó
Miyares en declaraciones a Europa Press.
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