La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del
Congreso del Perú, presidida por la congresista Milagros Salazar, halló
responsabilidad política en varios exministros de Educación y en la actual
ministra Flor Pablo Medina, del Gobierno de Martín Vizcarra, por las
irregularidades encontradas en los textos escolares, como los enlaces con
controvertido contenido sexual.
El texto fue presentado el 23 de julio y se titula
“Informe de la comisión investigadora sobre las presuntas irregularidades en el
proceso de elaboración, edición, revisión, reproducción, adquisición y
distribución de los materiales educativos de la educación básica en las
gestiones de los ministros de educación Patricia Salas O’Brien, Jaime Saavedra
Chanduvi, Marilú Martens Cortés, Idel Vexler Talledo, Daniel Alfaro Flores y
Flor Pablo Medina”.
El 26 de julio, el exministro
Idel Vexler publicó un comunicado en el que negó tener “ninguna responsabilidad política ni pedagógica” en
cuanto a los textos y materiales educativos; y precisó que “los errores señalados no están en la línea de mi
pensamiento y praxis como educador, viceministro y ministro” de
Educación, cargo en el que sirvió durante seis meses.
La investigación se dio luego que en abril el abogado del colectivo
Padres en Acción, Alberto Gonzáles, denunció que en el texto del Ministerio de
Educación (Minedu) para tercero de secundaria aparece un enlace en el que se
incentiva a experimentar el “placer sin límites” con
la masturbación, el sexo anal, oral e incluso con prácticas sexuales en grupo
con personas del mismo sexo.
Tras las críticas de algunos congresistas, el sector de
Educación anunció el retiro del enlace de su sitio web oficial. No
obstante, el texto ya estaba impreso y al alcance de los menores.
A pesar de la controversia, la ministra Pablo defendió la permanencia
del “enfoque de género” o ideología de
género en el currículo nacional y pidió a los docentes “borrar
con plumón” el cuestionado enlace.
RESPONSABILIDAD DE LAS
AUTORIDADES
El informe señala que se constató que las irregularidades en los textos
escolares, desde la gestión de la exministra Patricia Salas hasta la del
exministro Daniel Alfaro, abarcan “desde errores
tipográficos y pedagógicos hasta
contenidos inapropiados de naturaleza sexual e ideológica”.
“Estos cuestionables contenidos guardarían relación
con el perfil personal de algunos funcionarios con alto protagonismo dentro del
Ministerio de Educación”, señala el texto.
“Así por ejemplo la afinidad por la distorsión
conceptual del género, la férrea promoción de educación sexual integral sin la debida autorización de los padres de
familia y la inclinación por el desprestigio general de las Fuerzas
Armadas en la época del terrorismo, son las principales tendencias que se han
podido constatar”, indica.
Al permitir la inclusión de contenidos cuestionables, precisa el
informe, las autoridades del Ministerio de Educación incurrieron en “evidentes
vulneraciones a los derechos constitucionales de padres, madres y estudiantes
en general”.
“La aplicación del enfoque de igualdad de género en
la educación y en los diferentes estamentos como única política de Estado en
materia sexual, es abiertamente
inconstitucional, ya que vulnera directamente la libertad (expresión,
conciencia y religión)”, afirma el documento.
RECOMIENDA A LA FISCALÍA
INVESTIGAR ESTOS HECHOS
La Comisión de Educación del Congreso recomendó al Ministerio Público
que investigue estos indicios y eventualmente otros delitos. También indican
que pedirán al pleno del Congreso facultades de grupo investigador para seguir
con la investigación.
El informe también recomienda al Minedu “cumplir
con la función inductora de conocimientos y valores éticos, y no arrogarse la formación moral que es
exclusiva de los padres de familia”.
Indica que para ello “es necesaria la
implementación de escuelas de padres en toda institución educativa, las que
ayudarán a orientar la formación de los futuros estudiantes, desde el hogar”.
Además “es necesaria la supresión de todo enfoque que sirva de fuente
para la segregación y la confrontación de grupos sociales, pues esto
atenta contra la paz, la estabilidad y el desarrollo del país”.
El informe también recomienda a la Agencia Peruana de Cooperación (APCI)
que regule y fiscalice el accionar de las ONG, la transparencia del origen de
sus recursos, así como “el objeto y ámbito de sus
intervenciones”.
PRESUNTOS DELITOS
El informe identifica como “presuntos
responsables” del delito de “publicaciones
obscenas agravadas por inclusión de links con contenido inapropiado” a
Ariela Villafana Pino, encargada de la revisión técnico pedagógica de los
textos; y a Rossana María Zurita Silva, encargada del área de asesoría
pedagógica.
Villana, según el documento, también es presuntamente responsable del
delito de “apología
al aborto por inclusión de links con contenido inapropiado”.
En cuanto al delito de “omisión y retardo de
funciones en la falta de revisión e implementación de medidas correctivas” se
halló como “presuntos responsables” a la
actual ministra de Educación, Flor Pablo Medina; a la actual viceministra de
Gestión Pedagógicas, Ana Patricia Andrade Pacora; a la exviceministra de
Gestión pedagógica, Susana Helfer Llerena, a la directora de Educación
Secundaria, María Ysabel Curay Criollo; y a la asesora del viceministerio de
Gestión Pedagógica, Cecilia Pilar Carrión Rueda.
Sobre el delito de “colusión en la impresión
de los textos escolares”, se identificó como presuntos responsables a
Lilian Marlene López Suárez, directora de la Dirección de Recursos Educativos;
Jennifer Goyzueta Casapia, jefa de la Unidad de Adquisiciones de Recursos
Educativos; y a Gilberto Nicanor Guevara Chumpitaz, asesor legal especialista
en contrataciones de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos.
El informe también señala a siete funcionarios, en el periodo entre
julio de 2011 y octubre de 2013, como “presuntos
responsables” de los delitos de colusión desleal, aprovechamiento
indebido del cargo, contra la fe pública en modalidad de falsedad ideológica,
incumplimiento de funciones y abuso de autoridad.
Los presuntos responsables de estos delitos serían Patricia Salas,
exministra de Educación; José Yehuda Martín Maman Castro, exdirector general de
Administración; Erick Franklin Paz Meléndez, exjefe de Asesoría Jurídica;
Gerardo Guerra Blanco, exjefe de la Alta Dirección y Subvenciones; Darío Ugarte
Pareja, director de Educación Secundaria; Manuel Rumiche Pinday, exgerente de
presupuesto; y Ursula Desilú León Chempén, exsecretaria general del ministerio.
Estos presuntos delitos habrían ocurrido cuando se pagó casi cuatro
millones de soles (alrededor de 1,6 millones de dólares) a la OEI “para ejecutar procesos de selección para compras de
textos y materiales educativos” sin “sustento alguno más que solo la aprobación
de sendas resoluciones ministeriales para efectuar dichos pagos”.
La OEI es la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Además precisa que “el Estado peruano gastó
más de 18 millones de soles en la
impresión de textos escolares que contienen errores y deficiencias en su
concepción y elaboración” y en algunos casos “no
han sido entregados a los alumnos, con lo que se evidencia la absoluta
ineficacia del gasto incurrido”.
CUESTIONA COMISIÓN QUE
REVISÓ LOS TEXTOS
La Comisión también se pronunció sobre la revisión de los textos
escolares realizada por una comisión
o mesa de trabajo de 17 miembros designada por el Minedu, entre
quienes estaban dos sacerdotes y una religiosa católicos.
Los presbíteros son el P. Elías Neira Arellano, sacerdote agustino y
magíster en Educación; y el sacerdote jesuita Miguel Cruzado Silveri, director
nacional de Fe y Alegría, que también ha sido provincial de los jesuitas en el
Perú así como consejero y asistente de América Latina Meridional del Superior
General de la Compañía de Jesús en Roma, P. Arturo Sosa.
La religiosa es la hermana María
Antonieta García Carrizales, presidenta del consejo directivo del
Consorcio de Centros Educativos Católicos (CCEC).
La Comisión del Congreso señaló que lo hecho por este grupo “es un trabajo bastante escueto y generalista (17
páginas) que no ahonda en el análisis de los contenidos inapropiados ni
recomienda acciones de mejora que puedan evitar próximas afectaciones al
desarrollo integral de los estudiantes”.
El 23 de abril, el colectivo Padres en Acción advirtió que esa mesa de
trabajo “no ofrece ninguna garantía de
imparcialidad. Y es que no se puede ser juez y parte en este delicado proceso”.
El colectivo advirtió que sus integrantes “son,
en su mayoría, funcionarios y asesores que ya se encuentran alineados a las
nefastas políticas de género ideologizado de las últimas gestiones del Minedu,
así como miembros del Consejo Nacional de Educación (CNE), quienes fueron los
que precisamente recomendaron incorporar el enfoque transversal de género en el
currículo escolar”.
¿QUÉ ES EL ENFOQUE DE GÉNERO?
El enfoque de género o la ideología de género es una corriente que
considera al sexo como una construcción sociocultural y que atenta contra la
naturaleza humana. Este ha sido criticado varias veces por el Papa Francisco y
otros miembros de la Iglesia; y en ese sentido en junio el Vaticano publicó en
junio el documento “Varón y mujer
los creó. Para una vía de diálogo sobre la cuestión del gender en la
educación”.
En su informe, la Comisión del Congreso cita el concepto de género
adoptado por el Gobierno y que se encuentra en el folleto “Conceptos
fundamentales sobre el enfoque de género para abordar políticas públicas”,
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
“Este concepto nos ayuda a comprender que, lo que
se asume como características naturales de mujeres y hombres no vienen por la
naturaleza o se derivan del sexo de las personas, sino que son construidas social y culturalmente a
través de relaciones sociales e imposiciones culturales”, indica el folleto.
El informe de la Comisión del Congreso explica al respecto que “esta teoría netamente constructivista del género como
producto de la sociedad y la cultura, desarraigándolo
de lo natural o biológico, ha sido adoptada por el Ministerio de Educación
y recogido en el Currículo Nacional de Educación – CNEB”.
“Es menester señalar que la aplicación de este
enfoque transversal (de género) nunca fue consultado con los padres de
familia”, denuncia el informe.
POR WALTER SÁNCHEZ
SILVA | ACI Prensa
No hay comentarios:
Publicar un comentario