La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) emitió este
jueves 22 de noviembre un comunicado en el que anima a luchar contra la
corrupción y a trabajar para recomponer la clase política del país.
“La corrupción enraizada en las instituciones se
hace visible con la implicación de políticos y grupos de poder a nivel local,
regional y nacional, desprestigiando la institucionalidad del Estado y
generando un grave daño a la sociedad. ¡Esto nunca debió ocurrir ni debió
permitirse que crezca! ¿Qué está pasando en nuestro país?”, señalaron los prelados en el texto titulado “Mantener
viva la esperanza”, presentado hoy en rueda de prensa en la sede de la
CEP.
Tras señalar que esta situación ha generado indignación y rechazo entre
la población, los obispos indicaron que “no se
puede tolerar más convivir con la corrupción. Por ello, urge eliminar este
flagelo de forma inmediata y canalizar el rechazo de la sociedad hacia el
fortalecimiento reconstructivo de las instituciones”.
Para ello se debe garantizar “el Estado
constitucional de derecho y un sistema de justicia íntegro, honesto e independiente
que imponga sanciones efectivas a los que sean penalmente responsables, en el
marco de la legalidad y el respeto al debido proceso. La justicia es para todos
y nadie debe eludir su responsabilidad frente a la ley”.
Los obispos dijeron que “urge la tarea de
recomponer la clase política, consolidar los poderes del Estado en su
independencia y autonomía; las facultades de derecho deben tender a la
educación ética de la legalidad para un cambio de la cultura jurídica
existente, renunciando a sus intereses particulares, oportunistas y deben velar
por una vida digna y justa para todos. No existe otro camino que el de la
estabilidad y fortalecimiento democrático”.
Los obispos recordaron que el 9 de diciembre los peruanos participarán
en un referéndum sobre algunas reformas constitucionales que el Gobierno desea
realizar, como la no reelección de congresistas, la bicameralidad (para que
exista cámara de senadores y diputados), la regulación del financiamiento de
las organizaciones políticas, y la conformación y funciones de la Junta
Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura.
“Recordemos que este instrumento de participación
ciudadana pone en manos de todos los peruanos la oportunidad de encauzar la
fuerza de un pueblo que hoy clama por un cambio radical”, señalaron.
Para concluir, los prelados citaron las palabras que el Papa Francisco
pronunció en su visita al Perú en enero pasado, cuando dijo que “el alma de una comunidad se mide en cómo logra unirse
para enfrentar los momentos difíciles, de adversidad, para mantener viva la
esperanza”.
LA CRISIS POLÍTICA
En los últimos meses la crisis política se agudizó con el pedido de
asilo por parte del expresidente Alan García Pérez, que ingresó el sábado 17 de
noviembre a la residencia del embajador de Uruguay en Lima.
García espera ahora la decisión del Gobierno del presidente uruguayo,
Tabaré Vásquez, en medio de algunas protestas violentas y del pedido del Estado
peruano para que no se conceda el asilo.
Esta situación agravó la tensión política existente en el país debido al
enfrentamiento entre el gobierno del presidente Martín Vizcarra y la bancada
mayoritaria del Congreso, Fuerza Popular, cuya líder, Keiko Fujimori, fue
condenada a prisión preventiva por 36 meses por el presunto delito de lavado de
activos.
José Domingo Pérez, el fiscal que sustentó el pedido del ministerio
público para la prisión preventiva de Fujimori, también ha exigido la salida
del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quien algunos acusan de formar parte
de una banda de crimen organizado.
Chávarry ha negado en más de una ocasión estas acusaciones y escribió en
su cuenta de Twitter el 1 de noviembre que “el
fiscal Pérez tiene un interés político coordinado con el gobierno. Su interés
es tapar la investigación del caso Chinchero donde los peruanos perdimos
millones de soles y hasta hoy no hay responsables ¿Quién tiene el expediente y
no permite que avance el caso? El fiscal Pérez”.
El caso Chinchero se refiere al aeropuerto que debía construirse en esa
localidad del Cusco, proyecto que se paralizó en julio de 2017, cuando Vizcarra
era vicepresidente y ministro de transportes y comunicaciones.
En octubre, el fiscal Chávarry pidió “ponderación”
al presidente Vizcarra, indicando que tiene “46
denuncias en su contra” que “serán tramitada
con el debido proceso”.
Algunos analistas afirman también que quienes piden la salida del fiscal
Chávarry lo hacen para evitar que se investigue a importantes políticos,
periodistas y empresarios peruanos que estarían involucrados en el caso Lava
Jato, el mayor caso de corrupción en Brasil que se extendió a distintos países
de América Latina.
Redacción ACI
Prensa
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