Endurecerá las sanciones
propuestas por Podemos
Según informa
OkDiario el PSOE ha acelerado en las últimas semanas la tramitación de la
polémica Ley LGTBI de Podemos, que, entre otras medidas impone por ley
asignaturas sobre gays, lesbianas y transexuales ya desde la Educación
Primaria.
(OkDiario) La comisión de Igualdad del Congreso, encargada
de su tramitación, se reúne de nuevo
esta semana para avanzar en su aprobación tras las quejas de varias
asociaciones por los «retrasos».
La iniciativa fue tomada en
consideración por el Pleno del Congreso en septiembre de 2017, y hasta febrero de este año permaneció en
plazo de enmiendas, sucesivamente ampliado (los grupos presentaron hasta
1.144). Desde entonces, su tramitación
estaba encallada en la comisión
de Igualdad, que preside la socialista Pilar Cancela.
En su articulado original, la
proposición de ley incluía medidas muy polémicas, como las sanciones a medios de comunicación y usuarios de Internet por contenidos que
pudieran ser considerados ofensivos para el colectivo -matizada después
en fase de enmiendas- o la posibilidad de que los menores de 16 años se sometan a operaciones de cambio de sexo sin
necesidad de permiso paterno.
PLAN INTEGRAL SOBRE
EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD
Esta última tiene difícil
prosperar por la oposición de la mayoría de grupos. Pero otras propuestas,
igualmente controvertidas, sí podrían ver la luz, como la imposición por ley de contenidos sobre
diversidad afectiva y sexual desde los primeros niveles de enseñanza.
En este sentido, el partido de
Pablo Iglesias despliega -artículo 40 de la proposición- un ambicioso «plan integral
sobre educación y diversidad» en todas las etapas del sistema educativo que, según el texto
original, «fomente la no discriminación y se proteja el respeto a la diversidad sexual, de
género y familiar de manera transversal en todas las asignaturas».
Como mínimo, según Podemos,
ese plan deberá recoger los siguientes puntos: en todas las asignaturas y
cursos, la implantación de ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género,
así como la diversidad familiar; la inclusión
de la diversidad familiar en educación infantil; la atención a la diversidad sexual, de género y familiar en
asignaturas como Conocimiento del
Medio en educación
primaria o el estudio del movimiento LGTBI en la asignatura de Historia en educación
secundaria.
EL PSOE QUIERE
SANCIONES MÁS DURAS QUE PODEMOS
En sus enmiendas, el PSOE
matizó este artículo para hacerlo más genérico aunque respetando en esencia la propuesta de Podemos. Así, en una
enmienda de ‘modificación’, el partido del
Gobierno propone que en el currículo de todas las etapas educativas se presente
una «atención
especial al derecho de igualdad de trato y no discriminación»,
así como que se incluyan enseñanzas específicas sobre esta materia en los
diferentes planes de estudio. Un paso en la implantación de una asignatura
de «valores cívicos
y éticos» que planea el Gobierno
y que vendría a reeditar la polémica Educación para la Ciudadanía de los tiempos de Rodríguez
Zapatero.
Los socialistas, además, proponen endurecer el régimen de sanciones que
contempla la proposición de Podemos, de forma que los actos de discriminación considerados muy graves
contra este colectivo puedan ser multados con hasta 500.000 euros (frente a los 45.000 del texto original de
Podemos).
Estas acciones, según la
enmienda del PSOE, serían: «los actos u omisiones que constituyan
discriminación múltiple, las conductas de acoso discriminatorio,
la presión grave ejercida sobre la autoridad, agente de la misma, personal
funcionario o empleado público, en el ejercicio de las potestades
administrativas para la ejecución de las medidas presentes en la ley y la «comisión de una tercera o más infracción grave, siempre
que en el plazo de los dos años anteriores el presunto infractor hubiera sido
ya sancionado por dos infracciones graves mediante resolución administrativa
firme».
Los socialistas también
ampliaron el plazo de prescripción
de las sanciones, llegando a
cuadruplicarlo (de uno a cuatro años) en el caso de las muy graves.
VULNERA LA
CONSTITUCIÓN
Además de estas polémicas, en
sus meses de recorrido, la proposición ya ha tenido una tramitación agitada. En
abril, los letrados del Congreso
avisaron de que la ley vulneraba hasta una decena de artículos de la Constitución
y que varias medidas podrían «chocar con la
proclamación de pluralismo político», con derechos fundamentales como la libertad de pensamiento, ideológica y
religiosa, la libertad de expresión e información o el derecho a la educación
en todas sus vertientes.
En los últimos meses, los colectivos de gays, lesbianas y
transexuales se movilizaron ante la parálisis de la ley, bajo una amenaza
común: «Furia trans». Hasta 17 transexuales de toda España
iniciaron una huelga de hambre con el
objetivo de presionar a Podemos y PSOE para su tramitación.
Una forma de presionar al
Gobierno, que fue respaldada desde el partido de Pablo Iglesias, que avisó a
Sánchez de «la oportunidad de acelerar el proceso a través de un proyecto de
ley».
Entre otras medidas, la ley
promueve los tratamientos
hormonales a partir de la
pubertad, también sin permiso de los padres o la creación de la Agencia Estatal contra la
discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género
y características sexuales, encargada de las sanciones. El partido de Pablo
Iglesias propone además la creación
obligatoria de bibliotecas con temática LGTBI en poblaciones de más de 20.000
habitantes, la colocación de monumentos y denominación de calles en homenaje al colectivo
o el fomento de contenidos sobre «orientación
sexual y diversidad familiar» en las televisiones públicas y en las privadas que reciban
subvenciones.
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