Ante denuncias de
obstaculización a justicia peruana
Un comunicado de la CIVCSVA
aclara que nunca ha estado protegido o escondido en Roma el fundador del
Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari y que si en el futuro fuese
necesario su regreso en Perú para rendir cuentas a la justicia, podrá ser
autorizado por el Comisario Apostólico.
(Aciprensa/News.va/InfoCatólica) La Santa Sede y la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica nunca han «escondido» en Roma al
sr. Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, ni lo han
protegido impidiéndole regresar a Perú para responder directamente a las
acusaciones formuladas en su contra. El Sodalicio de Vida Cristiana es una
sociedad de vida apostólica fundada en el Perú a la que pertenece el director
de ACI Prensa, Alejandro Bermúdez.
Lo aclara en un comunicado
publicado en el sitio web de la Conferencia Episcopal peruana, la misma
Congregación, que quiere responder de este modo a afirmaciones infundadas sobre
el caso que ha involucrado a Figari y al Sodalicio fundado por él en 1971, el
cual fue comisariado el pasado 10 de enero por la Santa Sede. Ayer 6 de
junio los servicios de prensa del Vaticano publicaron el comunicado de la
CIVCSVA, con fecha 25 de mayo.
En conferencia de prensa
realizada el pasado 1 de junio por la presidencia de la Conferencia Episcopal
Peruana, los obispos dieron lectura al pronunciamiento en el que la CIVCSVA
rechaza algunas acusaciones que señalan que el dicasterio habría «ocultado» a Figari en Roma para «protegerlo».
En diciembre de 2017 la Décimo
Octava Fiscalía Penal del Ministerio Público del Perú pidió nueve meses de
prisión preventiva para Figari.
LA CARTA DE 30 DE
ENERO DE 2017
En el comunicado la
Congregación recuerda su carta del 30 de enero de 2017, dirigida al Superior
General del Sodalicio, en la que fuera formulada una valoración del caso del
sr. Figari en base a la documentación que la misma Congregación había recibido.
Esto para determinar, «la posible fundamentación, sobre todo, pero no
exclusivamente, de las denuncias de abuso a menores», que hasta hace
poco tiempo atrás constituían la «acusación
principal, pero no exclusiva» contra el sr. Figari por parte de la
opinión pública del Perú y de miembros o ex miembros del Sodalicio.
Sucesivamente hubieron otras denuncias: de «violencia
psicológica, maltrato, abuso de poder, irregularidades y falta de transparencia
en la gestión económica del Sodalicio, uso de métodos de formación notablemente
impropios»; acusaciones inicialmente consideradas secundarias por los
acusadores y por la opinión pública, que querían una condena por abuso de
menores.
LA CUESTIÓN DEL
REGRESO A PERÚ
En la valoración contenida en
la carta del 30 de enero de 2017, la Congregación tuvo en cuenta estas
ulteriores responsabilidades y «sólo por estos
motivos se consideró oportuno señalar al Superior General del Sodalicio que el
sr. Figari no regresara a Perú, donde cuenta con numerosos apoyos y donde tiene
mayores posibilidades de causar otros daños sobre todo a personas, de ocultar o
destruir pruebas en contra de él», y de «obstaculizar
el curso de la justicia tanto eclesiástica como del Estado».
La Congregación aclara, por lo
tanto, que esta prohibición, «no es de hecho
absoluta», porque como está escrito en la carta antes mencionada, «el sr. Figari puede regresar a Perú, por razones graves
y con el permiso por escrito del Superior General». Y dado que el
Sodalicio está comisariado desde el pasado 10 de enero [2018], el permiso puede
ser concedido por el Comisario Apostólico, Mons. Noel Antonio Londoño Buitrago.
NINGUNA PROTECCIÓN O
PRIVILEGIO
La Congregación guiada por el
Cardenal João Braz de Aviz, por tanto, ha sólo señalado al Superior General la
no conveniencia de su regreso a Perú, pero «no ha
sido establecido en absoluto, ni tampoco ha sido sugerido al Superior General,
que el sr. Figari tendría que continuar residiendo en Roma o en el Vaticano,
donde de hecho nunca ha residido».
La Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada se ha sólo limitado a pedir que Figari fuese
destinado en una residencia donde no haya una comunidad de Sodálites, que le
fuese prohibido el contacto con miembros del Sodalicio, hacer declaraciones
públicas y participar en manifestaciones públicas.
La decisión de establecer en
Roma la residencia de Figari –se explica en el comunicado– debe atribuirse a la
libre elección del Superior General, dictada por necesidades concretas para la
realización del propósito principal de la carta de 2017, es decir, de «evitar en la medida de lo posible, cualquier daño
adicional a cualquier persona por parte del sr. Figari, para proteger a las
víctimas y favorecer el curso de la justicia». «En consecuencia, no se ha
reservado ninguna protección o privilegio de ningún tipo al sr. Figari». Por
lo tanto, si en el futuro «surge la necesidad de
que el sr. Figari regrese a Perú para rendir cuentas a la justicia peruana, su
regreso al citado país podrá ser autorizado por el Comisario Apostólico».
PENDIENTE APELACIÓN
ANTE JURISDICCIÓN CANÓNICA
El comunicado concluye
añadiendo que las medidas solicitadas por la Congregación en la carta del 30 de
enero de 2017, aún «no han sido formalmente
dispuestas, solamente porque el sr. Figari después de la notificación de dicha
carta presentó una apelación administrativa jerárquica, como era su derecho, al
Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, que, sin embargo, el 31 de enero
pasado rechazó la apelación».
No obstante –finaliza el
comunicado– el sr. Figari ha presentado una apelación adicional contra esta
decisión ante el Colegio de Jueces del Foro Apostólico Supremo, decisión que
aún está pendiente. «Estamos esperando la
decisión final que, esperamos, sea notificada tan pronto como sea posible y,
sobre todo, que confirme lo previamente acordado», concluye el
comunicado.
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