Entrevistado por Vatican News
Monseñor José Luis
Azuaje Ayala aborda la situación política y social de Venezuela. La falta de
alimentos, de medicinas, de libertad. También trata sobre la reciente crisis
migratoria.
(Griselda
Mutual/VaticanNews) La migración forzada como mecanismo de
supervivencia, la alteración del orden constitucional, el impacto de la escasez
en la salud de las personas, los obstáculos del gobierno al ejercicio del libre
derecho de protesta de los ciudadanos con el consecuente uso de la fuerza, han
sido algunos de los temas abordados en la entrevista realizada a Monseñor José Luis
Azuaje Ayala, Obispo de Barinas y Presidente de la Conferencia Episcopal
Venezolana.
En primer lugar el prelado
responde sobre el diálogo político venezolano, que se estaba llevando a
cabo en República Dominicana, y que quedara en receso indefinido, luego de que
la oposición se negara a firmar el documento que el oficialismo daba como
acuerdo definitivo, el pasado miércoles 7 de febrero.
¿CUÁL ES EL CLIMA POLÍTICO EN ESTE MOMENTO Y LAS
PREVISIONES EN ESE SENTIDO?
La paralización del diálogo, o
mejor dicho, la no firma del acuerdo que propuso el gobierno a través del ex
presidente Zapatero, no llenaron las expectativas de la oposición puesto que no
asumía las peticiones que se hacían por parte de la oposición, a saber: la
libertad de los presos políticos, devolverle las competencias a la Asamblea
Nacional, la apertura de un canal humanitario y que hayan garantías electorales
en las elecciones. El acuerdo favorecía las instancias gubernamentales y no al
pueblo venezolano. Resultaba evidente que los postulados en ese acuerdo no estaban
en función de resolver los problemas del país. Nosotros lo dijimos como
obispos: hay que resolver los problemas humanitarios, el problema de escasez de
productos de todo tipo, principalmente los alimentario y los que tienen que ver
con el sector salud, la gigantesca inflación. Al ver que estos temas no estaban
entre los postulados del acuerdo, la oposición tomó la decisión de no firmar.
Fue una decisión, creo conveniente, en función de la vida del país.
Políticamente hay una gran
incertidumbre en el país, y esto le sucede a ambos bandos. Si el gobierno va a
elecciones sin que se presente candidato alguno de la oposición, quedaría
ilegitimado, no sería reconocido por la gran mayoría de la comunidad
internacional ni del pueblo venezolano. La oposición tendría que asumir el
riesgo de una mayor represión y presión política, además de los costos
políticos de sus dirigentes. Pero, ¿qué pasaría con el pueblo? Algunos
participarían en las elecciones, sobre todo aquellas personas que aún creen en
ese proyecto socialista por las dádivas que reciben, cuya participación tendría
un costo elevado, puesto que se mantendrían las políticas que han empobrecido
al pueblo venezolano. Quienes no avalan este proyecto tendrían que activarse
como sociedad civil organizada, recordando en todos los ámbitos lo ilegítimo de
unas elecciones de ese tipo.
¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA ESCASEZ?
En primer lugar, la
desnutrición infantil se ha acrecentado. Cáritas de Venezuela realizó un
estudio que evidencia una alarmante situación: el porcentaje de niños
desnutridos se ubica en un quince por ciento. Se habla de 300.000 niños en
riesgo de morir por la desnutrición. Esto alcanza también a ancianos y adultos
que han bajado de peso por no conseguir los nutrientes necesarios para su sustento.
La gente está comiendo lo que encuentra, y lastimosamente observamos cada día
un mayor número de personas revisando los botaderos de basura buscando
desperdicios para comer. Es una lamentable realidad en un país con tantos
recursos naturales. Nuestros párrocos con el trabajo que hacen a través de la
pastoral social- Cáritas, corroboran esta situación.
Un hecho grave y lamentable es
la escasez de medicamentos de todo tipo. Los médicos en las consultas le
proponen al paciente los nombres genéricos y diversos nombres de medicamentos
para ver cuál de ellos consiguen. Los reactivos para exámenes no se encuentran,
nuestros centros hospitalarios no tienen insumos, los familiares de los
pacientes deben salir a buscar lo que le indiquen, para los pobres no hay
medicamentos. Si llega algún medicamento que es traído a riesgo por algunos
farmaceutas, deben venderlos a un precio elevado, debido al costo del producto
en el extranjero. Es una espiral que atenta contra la vida de los pobres que es
la casi totalidad de los venezolanos. Es un drama que clama al cielo, y no se
le pode remedio.
Otro aspecto doloroso es el
drama que viven millones de personas que tienen que salir de madrugada, no a
trabajar como antes, sino a hacer colas para ver qué productos puede encontrar
para llevar a la casa. Son personas en edad productiva, en edad de trabajo, que
tienen que pasar 6 y hasta más horas buscando alimentos o medicamentos o
cualquier otro producto; la pregunta es: ¿Cuándo se va a desarrollar un país en
donde las personas en edad productiva, trabajadores, tienen que estar en la
calle buscando que comprar para el sustento de sus familias? Esas horas
productivas sencillamente resultan improductivas porque andan buscando cómo
llevar algo a su hogar, muchas veces se quedan sin trabajo y otras tantas
deambulan de un lado a otro. Realmente es una situación muy crítica. El otro
aspecto es el resquebrajamiento de la unidad familiar: son millones las
personas que han tenido que emigrar a otros lugares buscando aportar algo a sus
familias, a sus hijos, a su futuro. El resultado de esto es observar cómo
nuestros pueblos se van quedando con gente adulta, cuando Venezuela es un país
de jóvenes. Son muchas las consecuencias y la desesperanza que ha generado este
proceso de desabastecimiento. Un proceso, si se quiere, que esclaviza a un
pueblo y no lo deja pensar, ni darse cuenta de su realidad.
EN VIRTUD AL GRAVE CONTEXTO HA HABIDO UNA FUERTE
INCREMENTACIÓN EN EL FLUJO MIGRATORIO. ¿ES FACTIBLE EL CIERRE DE LAS FRONTERAS?
Cada país tiene sus leyes y
normas. El deseo de los Venezolanos es que se mantengan las fronteras abiertas
y pueda darse una migración organizada y con valores éticos en el respeto de
los derechos humanos. El problema está en la desesperación tan grande que tiene
la familia venezolana, que ya no encuentra oportunidades de desarrollo en el
país. Nosotros en el siglo pasado recibimos millones de personas de países en
conflictos, jamás pensamos que nos tocaría esta experiencia de ser migrante
obligado por la situación de injusticia y de desafueros económicos que
privilegia al mundo de la ilegalidad.
Esta situación genera mucha
tristeza: se van personas profesionales, padres y madres de familias, incluso
familias enteras, pero principalmente jóvenes. Se nos mete en el alma una sensación
de tristeza y desesperanza en el país. Por ejemplo, en Diciembre pasado vivimos
las navidades más tristes de nuestra historia; había un vacío porque nos han
robado la alegría y la esperanza, nos han robado el alma, la dignidad. La
situación de frontera nos acarrea a todos mucha preocupación, pero también
tenemos que dar muchísimas gracias a la Iglesia colombiana, a la Diócesis de
Cúcuta, a Cáritas colombiana y a la Iglesia Brasileña, y a tantos otros, por
las atenciones inmensas que han brindado a los venezolanos. Muchas veces el
número de personas sobrepasa las capacidades de atención que ellos pueden
brindar, pero están haciendo lo humanamente posible para atenderlos. Los
obispos hemos dicho que ni los aeropuertos ni las fronteras son la solución a esta
crisis, pero lamentablemente el gobierno se empeña en mantener el sistema
económico que ha empobrecido a nuestro pueblo.
Las elecciones presidenciales en Venezuela fueron fijadas para el 22 de
abril en por la ANC. Esto generó un clima de tensión política. En el comunicado
del 29 de enero la CEV fue clara, llamaron esto «un hecho de extralimitación y
desnaturalización de las funciones de la ANC». En este sentido ¿cuáles serán
las exigencias de la Iglesia católica?
Si nos adherimos a la
Constitución actual, no podemos reconocer la Asamblea Nacional Constituyente.
En primer lugar porque es anticonstitucional, no ha habido una consulta al
pueblo quien es el que ejerce la soberanía, para su institución. En segundo
lugar, la naturaleza de una ANC es la de redactar una nueva Constitución, y la
Reforma de Estado, pero no está en su competencia generar leyes definitivas, ni
meterse en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito electoral, que sobrepasa
lo que la Constitución vigente estipula. Consideramos que el llamado a
elecciones adelantadas, - que deberían darse en diciembre de este año y no
ahora - favorece al gobierno y no al pueblo, puesto que no hay garantías
electorales que favorezcan el resguardo del voto y la honestidad en el proceder
por parte de las instituciones electorales. Se sigue con el mismo patrón
electoral, se continúa con los mismos elementos que suscitaron problemas en
elecciones pasadas, negando la presencia de observadores imparciales que puedan
tener una palabra libre en función de las elecciones. Hay políticos de la
oposición que fueron inhabilitados políticamente; partidos políticos a los que
se les niega la participación directa en los comicios, mientras que por su
parte el gobierno crea un nuevo partido, y tranquilamente lo inscriben. Lo que
la Iglesia siempre ha pedido son garantías electorales, el cese al ventajismo
gubernamental, un Consejo Nacional Electoral independiente con nuevos rectores,
igualdad de oportunidades en las campañas electorales, principalmente en el uso
de los medios de comunicación, habilitar a los posibles candidatos que han sido
inhabilitados por cuestiones políticas; en fin, sensatez para que surja el
respeto al pueblo soberano.
En Venezuela, «quienes disienten con el
Gobierno sufren serias represalias, como se constata en las frecuentes
detenciones y destituciones a alcaldes, gobernadores, diputados y
opositores en general», afirmó la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en el informe que publicó este 12 de febrero. ¿Cómo afrontan los
Obispos este tema?
Este tema lo afrontamos con
mucha preocupación. La violación de Derechos humanos ha sido sistemática. La
represión ha ido en aumento. Las protestas se conciben como delito desde que la
ANC aprobó la ley contra el odio, como medio de represalia y de generar miedo
en aquellos que no concuerden con los postulados del gobierno. Nuestra
Conferencia Episcopal, a través de la Comisión de Justicia y Paz, y de las
Vicarias de Derechos Humanos de algunas Diócesis, lleva un trabajo consolidado
desde hace algunos años, investigando situaciones de violaciones, así como
promoviendo y protegiendo los DDHH con énfasis en las víctimas. Algunos de los
casos se han presentado en instancias internacionales.
Cuando un gobierno utiliza el
poder por el poder, se supone que va a emplear la fuerza y la represión para
acallar y someter a la ciudadanía. Esto ha sucedido permanentemente en el país.
Son muchas las personas que han sido asesinadas en las marchas y protestas,
personas que desgraciadamente perdieron la vida tratando de buscar su libertad,
de manos de organismos de seguridad del Estado. Nosotros animamos y promovemos
que se garanticen los Derechos Humanos de todos los ciudadanos. Pero no podemos
trabajar solos. Los esfuerzos deben hacerse en conjunto con otras
organizaciones que están asumiendo retos en esta área, a pesar de las
persecuciones y maltratos. Sabemos que vendrán más represalias cuando el
gobierno se sienta acorralado, por lo que estaremos atentos al servicio que
podamos brindar al pueblo venezolano.
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