La respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Costa
Rica, exigiendo la aprobación del matrimonio y la agenda gay, es una imposición
y una “flagrante violación a la soberanía” que
afectaría a toda América Latina, advirtieron diversos expertos.
La Corte Interamericana publicó el 9 de enero de este año su “Opinión consultiva
sobre identidad de género, y no discriminación a parejas del mismo sexo”,
con la que responde a una serie de consultas realizadas por Costa Rica
sobre temas de identidad de género y matrimonio homosexual.
Según este documento, el registro del cambio de sexo en documentos
estatales “es un derecho protegido por la
Convención Americana” de Derechos Humanos.
La Corte exige luego que se extienda las figuras jurídicas existentes en
el país “a las parejas compuestas por personas del
mismo sexo –incluyendo el matrimonio”.
El organismo determina también que la Convención Americana “no protege un determinado modelo de familia” y
asegura que “la definición misma de familia no es
exclusiva de aquella integrada por parejas heterosexuales”.
La Corte alentó además a los países firmantes del Pacto de San José,
adscritos a su jurisdicción, a “vencer dificultades
institucionales para adecuar su legislación y extender el derecho de acceso a
la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo”.
La Corte Interamericana, organismo de la Organización de Estados
Americanos (OEA), está conformada por siete jueces, electos por las
delegaciones de los países firmantes de la Convención Americana para un periodo
de seis años, con posibilidad de una reelección.
Para el abogado y diputado Mario Redondo, candidato a la presidencia de
Costa Rica por el Partido Alianza Demócrata Cristiana, la resolución de la
Corte Interamericana causa “un profundo enojo”, pues
“es una
flagrante violación a la soberanía de Costa Rica”.
En declaraciones para ACI Prensa, Redondo criticó que la decisión de “un pequeño grupo de personas actuando como jueces”
se imponga “por encima de la voluntad mayoritaria
de todo un pueblo”.
El político costarricense aseguró que buscaran realizar un trabajo
conjunto “con diputados de otras partes de
América”, en busca de “lograr un apoyo
internacional para tratar que desde la misma Organización de Estados Americanos
se ponga freno a los excesos de la
Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que trata de
imponer la agenda de pequeños grupos sobre la soberanía y de la voluntad de
amplios sectores de población en todo el continente”.
“Si
aceptamos esto, mañana nos imponen el aborto, pasado mañana nos imponen
cualquier otro tipo de cosas”, advirtió.
El candidato a la presidencia de Costa Rica señaló además que, ante las
elecciones presidenciales y congresales del 4 de febrero de 2018, “vamos a tratar de asegurar un apoyo político, una acción
política que nos permita un gobierno que definitivamente pueda llegar a
promover estas transformaciones desde la OEA y no un gobierno que sea tan
complaciente con este tipo de cosas”.
El abogado peruano Juan Puertas, especialista en argumentación jurídica,
explicó a ACI Prensa que la opinión consultiva fue realizada por “Costa Rica y que vale para Costa Rica”.
Sin embargo, precisó, “esto implica que
mañana más tarde, cuando eventualmente un caso sobre estos temas termine en la
Corte, ya sabemos cuál es el sentir de
la Corte sobre estos temas”.
Puertas indicó que la Corte Interamericana “ha
generado un concepto teórico que se llama el control de convencionalidad”,
por los que “los fallos que emite la Corte
Interamericana deben ser respetados por todos los estados”.
Puertas señaló que esto ha llevado a que instancias judiciales “activistas” como el Tribunal Constitucional de
Perú tomen al pie de la letra “cualquier fallo que
emita la Corte”.
El abogado criticó que la Corte Interamericana “es una Corte activista, es una Corte
que solo defiende las causas de izquierda y neomarxistas”.
“Por un lado aplaude la paz de las FARC, condena a
los militares en el Perú y libera a los terroristas. Todas las causas abortistas las defiende, todas las causas LGTBI
(lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) las defiende”.
Sin embargo, “cuando nos preguntamos dónde
está la Corte cuando suceden las cosas que suceden en Venezuela, no existe
Corte”, señaló, pues “la Corte ve lo que ideológicamente le conviene”.
“A buena hora esta tendencia en el Perú que se está
generando de abandonar la competencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se deslegitima ella
misma”, añadió.
Para Laura Fernández, Máster en Políticas Públicas y Gobernabilidad
Democrática y candidata a diputada de Costa Rica por el Partido Alianza
Demócrata Cristiana, el documento de la Corte Interamericana es “un golpe a la
soberanía nacional” y “una resolución
que se impone y quiere atropellar la Constitución Política de Costa Rica”.
Fernández subrayó que Costa Rica “es una
sociedad de principios y valores, somos un estado confesional católico,
constitucionalmente establecido, somos además constitucionalmente establecidos
como una nación que defiende la vida, cuya célula fundamental es la familia”.
“Sin lugar a dudas, el país va a tener que echar a
andar otro tipo de acciones y mecanismos para repudiar este tipo de resoluciones”, aseguró.
La politóloga costarricense lamentó que “el
problema fundamental” en el país actualmente “es
que lamentablemente tenemos en gobierno al partido Acción Ciudadana, que es un
partido que se ha vendido y que ha agachado la cabeza a los grupos LGBTI y a
otros grupos que van en contra de la mayoría de esta sociedad”.
“Estamos esperanzados de que en las próximas
elecciones del 4 de febrero los costarricenses tomen en cuenta” y que “abran los ojos, despierten” ante
esta situación.
Fernández dijo que “he anunciado una rotunda
oposición a cualquier iniciativa de esta naturaleza” y señaló que forma
parte de un grupo de más de 700 parlamentarios latinoamericanos “que le han dicho ‘no’ a la imposición de resoluciones de la Corte Interamericana,
que trastocan principios y valores del pueblo costarricense y de otras
latitudes de América Latina”.
POR DAVID RAMOS
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