MISURI, 06 Sep. 16 / 07:01 pm (ACI).- Una jueza federal en Estados
Unidos dictaminó que un grupo de víctimas de abusos sexuales declaró falsamente,
“de forma
negligente y con temerario desprecio por la verdad”, en contra de
un sacerdote de la Arquidiócesis de San Luis en Estados Unidos.
La jueza de distrito, Carol E. Jackson, señaló que la influyente
organización Survivors Network of Those Abused by Priests (SNAP) no cumplió con la orden judicial de
entregar detalles sobre las personas que acusaron al P. Xiu Hui “Joseph” Jiang de abuso sexual. Esto hizo que
fuera imposible litigar las demandas en su contra.
Jackson dijo que el tribunal establece que las declaraciones de SNAP “eran falsas y
que no llevaron a cabo ninguna investigación sobre la verdad o falsedad
de estas afirmaciones públicas”.
Además, el tribunal precisa que los acusados conspiraron para buscar
condenar al P. Jiang por cargos de abuso sexual debido a “un ánimo discriminatorio contra el demandante sobre la
base de su religión, vocación religiosa, raza y origen nacional”, según
informó el diario norteamericano St. Louis Post-Dispatch.
Con este fallo, indican, SNAP deberá asumir los “gastos razonables, que incluyen los
honorarios de los abogados” del P. Jiang.
En 2014 el sacerdote fue acusado de abusar sexualmente de un niño en un
baño de una escuela católica en los años 2011 y 2012. Los fiscales de San Luis
retiraron los cargos el año pasado.
Poco después de que los cargos fueron retirados, el P. Jiang presentó una demanda por conspiración y
difamación contra los padres del niño y los líderes de SNAP, David
Clohessy y Barbara Dorris. En su demanda también alegó que la policía lo
persiguió de forma errónea sobre la base de sus antecedentes religiosos y
raciales.
Cabe destacar que las sanciones de la jueza se
aplican específicamente a SNAP.
El 27 de junio el juez ordenó que esta organización debía proporcionar
información detallada sobre aquellos que hicieron las acusaciones contra el P.
Jiang, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto e información de
contacto.
El grupo argumentó que su información estaba protegida por un "centro de privilegio por crisis de violación".
La jueza sostuvo que tal privilegio no existe y que SNAP hizo “afirmaciones repetidas de un privilegio inexistente” cuando
pudo proponer alternativas, como la redacción protegida de los nombres de las
víctimas o entregar información exclusivamente dirigida a los abogados.
Por su parte, SNAP afirmó que entregó “cientos
de páginas” de documentos redactados a los abogados del sacerdote.
La organización también se negó a la orden de la jueza Jackson de
entregar todos los registros de donaciones que recibió de parte de la firma de
abogados Chackes, Carlson & Gorovosky, una empresa que se dedica a estos
casos. Clohessey, dijo que la firma entregó donaciones a SNAP entre los años
2005 y 2012, pero que no sabe por qué los abogados del sacerdote quieren esta
información.
Clohessey señaló que SNAP se preocupaba por “la
capacidad de las víctimas y presuntas víctimas de reportar a los abusadores y
estar protegidas”. Dijo al Post-Dispatch que esta demanda pretendía “asegurarse de que una presunta víctima, testigo o
denunciante se quede en silencio”.
El P. Jiang había sido acusado de realizar tocamientos indebidos a una
adolescente que asistía a la Basílica de San Luis, donde sirvió por un tiempo.
Los cargos de peligro para los niños y manipulación de testigos fueron
retirados en 2013.
Traducido y adaptado por Bárbara
Bustamante. Publicado originalmente en CNA.
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