El acuerdo entre la UE y Turquía «evidencia el fracaso de la UE en la adopción de una
política común de asilo y en brindar protección a las personas refugiadas», y
da «prioridad al control de fronteras». Lo
denuncian Cáritas Española, la CONFER, Justicia y Paz y el sector social de la
Compañía de Jesús. Las entidades tildan de «cosméticos» los cambios sobre el
preacuerdo del 7 de marzo, y ven «probable» que
la mayoría de personas que lleguen a Grecia desde Turquía sean devueltas de
forma «rápida y sistemática» a dicho país,
que no les garantiza protección. Critican también por «deshumanizante»
y «discriminatorio» el sistema para
reubicar en Europa a un sirio desde Turquía por cada uno devuelto a este país.
Y alertan de que cerrar rutas no protege a los refugiados de las mafias, sino
que solo abre otras «más peligrosas». En
solo 48 horas, estas organizaciones recogieron cerca de 35.000 firmas en contra
del acuerdo con Turquía que iba a discutirse los días 17 y 18 de marzo en
Bruselas.
«INTENTO
SERIO» CONTRA LAS MAFIAS
Justicia y Paz Europa, que agrupa a las
comisiones de 31 países europeos, ha preferido destacar los aspectos positivos;
esto es, que la UE ha dado una respuesta conjunta en esta crisis. Su secretario
general, Stefan Lunte, ve en el acuerdo «un intento serio de romper el modelo
económico de los traficantes» del Mar Egeo, y así evitar más ahogamientos como
los 3.800 de 2015. En declaraciones a este semanario –ampliadas en «La llegada ordenada de refugiados permitirá a la gente tener la mente
abierta»–, Lunte explica que los éxodos masivos
amenazaban con «minar el sentimiento de hospitalidad en los países europeos, como
han mostrado las recientes elecciones y sondeos», con el crecimiento de
partidos populistas. Por el contrario, «los procedimientos ordenados permitirán
a la gente conservar su mente abierta» hacia los refugiados. Lunte espera que
«el acuerdo restaure la confianza entre los socios europeos y apuntale un nuevo
sentido de solidaridad» que desbloquee el reparto de refugiados.
El responsable de Justicia y Paz cree que
sí «se respetan los derechos humanos de los refugiados», aunque advierte de que
deben cumplirse algunas condiciones: Grecia, con el apoyo de la UE, debería «tramitar individualmente cada petición de asilo» y
«ofrecer a los refugiados posibilidades reales de
impugnar la decisión de ser devueltos a Turquía». Este país, por su
parte, «necesita ajustarse completamente a la
convención de Ginebra», y no se debe «rechazar
a nadie en la frontera». Con todo, Lunte reconoce que «experiencias pasadas nos invitan a ser cautelosos» sobre
la aplicación final.
PREOCUPANTE
FALTA DE SOLIDARIDAD
Más tajante se ha mostrado Cáritas Europa,
que el 17 de marzo presentó su informe ¡Los
migrantes y refugiados tienen derechos! Impacto de las políticas de la UE en el
acceso a la protección. El texto
analiza las «trabas burocráticas, denegación de
protección y estándares inconsistentes de acogida» a los que se
enfrentan cientos de miles de personas que buscan protección en Europa. La
entidad «está particularmente preocupada por esta
falta de solidaridad. La idea de empujar a la gente fuera de Europa crea un
peligroso precedente». Por ello, pide vías más seguras y legales para
entrar en Europa, garantizar el derecho de asilo, respetar el principio de no
devolución de los solicitantes a territorios donde no estén protegidos,
implementar el derecho a la reunificación familiar y desarrollar un marco legal
que proteja a los trabajadores extranjeros.
María Martínez López
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