CRECEN LAS PRESIONES PARA ESTABLECER EL DELITO DE OPINIÓN SOBRE HOMSEXUALIDAD

POLÍTICOS Y PERIODISTAS, LOS MÁS ACTIVOS

Desde la equiparación del matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo, se ha intensificado una campaña en determinados sectores políticos y mediáticos consistente en condenar a todo aquel que se atreva a cuestionar el nuevo modelo amparándose en que está aprobado por el Parlamento, llegando a definir toda crítica como una actitud homófoba.

El razonamiento de esos sectores es sencillo: situar a todo aquel que no comparte o critica la ley del matrimonio de un mismo sexo es inmediatamente catalogado de homófobo y anti-demócrata por oponerse a una ley aprobada por las Cortes. De acuerdo con este razonamiento sería anti-democrático que cualquier ciudadano criticara una ley.

Y han sido muchos los que han insinuado que ese tipo de declaraciones no deberían estar permitidas. Un ejemplo fue el acto en la Plaza de Colón en defensa de la familia de hace dos años. El acto estuvo presidido por el obispo Ricardo Blázquez - entonces presidente de la Conferencia Episcopal - que proclamó públicamente: «El matrimonio es la unión indisoluble del hombre y la mujer». Las reacciones a esas declaraciones no se hicieron esperar. El entonces portavoz del PSOE, Diego López Garrido aseguró entonces: «Es inaceptable que los obispos se manifiesten en contra de leyes de derechos civiles aprobadas por el parlamento […]. Es inmoral, hipócrita y malintencionado».

El número 2 del PSOE, José Blanco, en esa misma línea aseguró: «Lo que dijeron los representantes de la Conferencia Episcopal no se puede permitir. A mí me enseñaron como católico que mentir es pecado». Y el propio presidente de este partido, Manuel Chávez, comentó, en un interesante zigzag: «Yo tengo hermanos cristianos, pero no tienen el concepto de familia tan arcaico, tan ultraconservador y tan integrista que tienen algunos obispos y cardenales. […] No podemos permitir que no respeten a las familias que no sean cristianas y que se rijan por otros valores»

Tiempo atrás, el portavoz de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Madrid, don José Antonio Martínez Camino recordó que «el catecismo dice que la homosexualidad es una inclinación objetivamente desordenada». El columnista Gregorio Morán, escribió en un influyente diario: «No sé si esta declaración es procesable de oficio, pero si no lo es, se debe a que las leyes están hechas por los amigos del jesuita Martínez Camino». El empresario y productor audiovisual Jaume Roures, propietario de la cadena La Sexta y del diario “Público” opinaba no hace mucho en un desayuno informativo: «Yo cuando leo las declaraciones de los representantes de la Conferencia Episcopal y de su portavoz, me cogen ganas de llevarles ante los tribunales».

Sin llegar a ese extremo, el destacado presentador Iñaki Gabilondo opinaba por aquella fechas sobre esa cuestión: «La Iglesia quiere conservar los privilegios del control social. Pensamos que está llegando la hora de sacudirse los complejos e imponer la supremacía de la racionalidad civil». El presidente de la asociación de «familias» Gays (Galehi) Jesús Santos, durante una entrevista en elmundo.es calificó las opiniones críticas de la Conferencia Episcopal como «ataques denunciables. En contra de la legalidad. Comentarios ilegales».

Catedráticos, jueces, periodistas, libros…
Otro caso notorio fue el del catedrático de psicopatología de la Complutense, don Aquilino Polaino, que fue llamado por el Senado para que diera su opinión y definió el perfil psicopatológico de la conducta homosexual asegurando que había más de 160 personas homosexuales que habían solicitado su ayuda y desaconsejó la adopción basándose en los estudios de Aperson, Bene, Sipoa y Bradley, entre otros.

El presidente de la Plataforma Popular Gay, Carlos Biendicho, calificó al catedrático de «enfermo mental» y recomendó que «debe ser suspendido de sus funciones universitarias e ingresado en un centro sanitario». Mucho más claro fue el columnista Jordi Balló: «Que nadie le diga a don Aquilino que lo que dice puede ser delito, o que nadie avise a la Conferencia Episcopal de caer en la apología de la homofobia confirma cuán lejos estamos aún de la auténtica cultura democrática. […] ¿No es delito acusar a un colectivo que fue perseguido injustamente usando los mismos argumentos que causaron su represión? […] Evidentemente el peso de la justicia caería sobre los que opinan así». El ya desaparecido Eduardo Haro Tecglen - columnista estrella de “El País” - definió a los que se oponían a la ley como los defensores del «no lo hago por placer sino por amor de Dios. Qué asco».

En el mundo de la radio también se pidieron sanciones contra la locutora Cristina López Schlichting, por llevar a su programa a dos sexólogas que comentaron que se podía salir de la homosexualidad, desatando una ola de peticiones de sanción. Desde sectores progresistas hasta el mundo del “Tomate”. Uno de los más radicales fue el diputado y líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares: «Esas declaraciones merecen un reproche jurídico, porque fomentan el odio hacia un colectivo». Entre los jueces, destacó el magistrado José Luis Requero, que consideró que «países rechazan dar niños en adopción a España por esa circunstancia», por lo que fue calificado de homófobo.

Tampoco los libros se han librado de las peticiones de sanción. Una publicación de la Editorial Casal en la que Enrique Rojas calificaba las uniones del mismo sexo como «uniones de hecho respetables, pero a las que no se les puede calificar de matrimonio» despertó las iras de la FELGTB que insinuó que el libro debía dejar de existir: «El ministerio tiene que tomar medidas. No es lógico que exista un libro de texto que va en contra de los valores democráticos apoyados por el Parlamento», aseguró su presidente Toni Poveda.

Las peticiones de sanción llegaron hasta la misma Reina. Cuya opinión confesada a sobre el tema «que a eso no lo llamen matrimonio, hay muchos nombres posibles: contrato social, de unión», mereció una seria reprobación del FELGTB que la acusó de «ofender a la ciudadanía».

Es de destacar que sectores que tanto han actuado en nombre de la libertad y han sufrido las sanciones legales y la represión durante años, defiendan ahora que se sancione a los que tengan una visión familiar diferente a la suya.

J.F./ReL