INFORME DE PROFESIONALES SOBRE LA ÉTICA

EpC vuelve con un mensaje a niños de 10 años: coito anal, sexo oral y preservativo de sabores.

Educación para la Ciudadanía aterriza este curso en las aulas de 5 y 6 de Primaria con esta receta para medio millón de alumnos: coito anal, sexo oral y preservativos de sabores. Estas y otras razones, son las que han llevado a los objetores a mantener su rechazo a la asignatura y a mantener la lucha por la libertad en la educación de los hijos.

La asociación Profesionales por la Ética PPE ha presentado esta mañana un informe sobre la implantación de Educación para la Ciudadanía en Primaria, que tendrá lugar este curso. Según ha explicado el presidente de PPE, Jaime Urcelay, los contenidos previstos para la impartición de EpC a niños de 10 y 11 años son suficientemente graves para que la asignatura de EpC deba ser «eliminada».

Según Urcelay, la oposición a la asignatura se centra en tres razones. En primer lugar, la «inutilidad desde el punto de vista académico» en lo que a la enseñanza de normas de urbanidad previstas en la asignatura se refiere, ya que se trata de un contenido insuficiente para una materia obligatoria. Además, esa educación cívica ya se está enseñando de manera transversal en los colegios, a través de la labor de los profesores y tutores.

La segunda cuestión de rechazo se refiere a una «pedagogía demagógica de la democracia en las aulas» en la que no importa si lo que se decide es bueno o malo, sino que haya consenso.

La tercera razón, tal vez la más escandalosa para los objetores, es la que entra en el ámbito de los contenidos afectivos y morales que se propugnan desde el Ministerio de Educación. En este sentido, Urcelay ha denunciado que se pretende «convertir el aula en una especie de escaparate en el que los niños digan cómo se sienten y cuáles son sus afectos», lo que es especialmente «dañino» en niños de 10 y 11 años. Además, esto supone una «invasión de la intimidad de los menores y de sus familias», lo que, subrayan, «no es tolerable en una asignaturaza».

Del mismo modo, «la educación ética y moral no es aceptable», ya que se pretende, a juicio de Profesionales por la Ética, que los niños abandonen cualquier referencia moral para «construir su propia concepción moral de las cosas» lo que es «inadecuado para esas edades», además de constituirse en una forma de invasión del Estado en una decisión que corresponde a los padres.

La constatación de esta intromisión, según Urcelay, queda patente al comprobar cómo en los contenidos de la asignatura sólo se menciona a la familia para hablar de conflictos y, en concreto, de cómo un niño de 11 años ha de negociar con sus progenitores.

Educación sexual, implícita en la ley, muy presente en las aulas.
Según ha denunciado Leonor Tamayo, madre de familia numerosa, profesora, portavoz y coordinadora del movimiento objetor, a pesar de que en la letra de la ley apenas se explicita la educación sexual que se imparte en las aulas, está muy presente desde el principio. Términos ambiguos como «educación afectiva» se han traducido en un espíritu que impregna todos los contenidos: el único límite para el sexo es no quedarse embarazada y evitar las enfermedades de transmisión sexual. Salvo eso, barra libre.

Así, desde marzo de 2009, un mes después de las sentencias del Tribunal Supremo sobre la asignatura en las que el Gobierno debió de dar por ganada la batalla a los objetores, según Tamayo, el Ministerio de Educación promociona en su página oficial de Internet un multimedia llamado «sexpresan». Este material, presentado como de apoyo a los profesores de Educación para la Ciudadanía, anima a los jóvenes a «mantener relaciones sexuales tempranas y esporádicas», de todo tipo (coito anal y sexo oral, diferentes modalidades de masturbación común o individual, entre otras) para las que recomiendan el uso preservativos de sabores, por ejemplo. También se enseña que los niños pueden ser, por este orden, homosexuales, heterosexuales o bisexuales.

Tamayo ha alertado de que si el único criterio en la sexualidad es hacer lo que cada vez apetezca pero evitando el embarazo y las enfermedades venéreas, no se tardará mucho en notar un aumento de «violaciones entre adolescentes». De momento, PPE ha tenido noticia de que los materiales de «sexpresan» están siendo utilizados en dos institutos de Madrid, uno de Murcia y otro de Toledo.

El número de objetores a Educación para la Ciudadanía supera los 51.000.

La sordera del Gobierno y la huída del PP.
Preguntados por si las posibilidades de diálogo con el Ministerio de Educación tras el cambio de titular, los responsables de Profesionales por la Ética han señalado que «las prieras declaraciones del ministro Gabilondo fueron esperanzadoras», pero que han pedido por escrito en dos ocasiones reunirse en el Ministerio para explicar sus puntos de vista y «ni siquiera han tenido la delicadeza» de contestar. Además, Urcelay remarcó que, «ahora que se habla de un posible pacto sobre Educación» no se explicaría que los padres, parte esencial, se quedaran fuera.

Además, también a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa, ha señalado su con cierta desazón la «huída del PP» en este asunto, al no incluir la eliminación de EpC como uno de los pilares fundamentales a la hora de abordar un pacto nacional sobre educación.

Respecto a esta «huída», Urcelay ha explicado que tiene dos efectos esenciales. Uno positivo, porque demuestra que el debate sobre EpC «es un tema social, de las familias» aunque haya sido apoyado coyunturalmente y con «declaraciones solemnes» por el PP.

El aspecto negativo es que se pierda «la voz de los padres» en este asunto, que son, quienes según la Constitución, tienen el derecho a decidir la educación moral de sus hijos.

Aumento de objeciones.
Pese a la dificultad de conocer al minuto todas las objeciones que se han presentado en España, las últimas cifras de las que habla PPE se sitúan entono a los 52.000 casos, a los que habría que sumar unos 300 más que se han producido desde el mes de febrero, cuando se dieron a conocer las sentencias del Tribunal Supremo. Sólo en la última semana han sido más de 15.

A punto de comenzar el próximo curso, PPE estima, con ayuda de los datos del INE, que este conjunto de asignaturas afectará en primaria a 500.000 niños, que, sumados a los de secundaria, llegarían a una cifra alrededor de los dos millones.

El pasado curso, casi 800 alumnos terminaron sin entrar a clase de EpC y esa circunstancia ha terminado con diferente resultado, sobre todo en función de la disposición del director de cada centro, según ha explicado Leonor Tamayo. En concreto, en los colegios regentados por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, «no han sido especialmente receptivos», aunque, insistió, «ha dependido mucho de cada director». Cuando ha habido buena disposición, de acuerdo con los padres, los alumnos objetores de secundaria han elaborado en ese tiempo un trabajo que ha sido evaluado.

Queda pendiente saber el destino de los alumnos suspendidos en los casos en los que no ha habido coincidencia de criterios y perseverancia por parte de padres e hijos, que teóricamente, deben examinarse en estos días en la convocatoria de septiembre.

Estrategia jurídica.
Ante las sentencias del Tribunal Supremo del mes de febrero de este año en las que se negaba la posibilidad a los profesores de imponer criterios morales o éticos y centrarse en la educación de principios y valores constitucionales, pero que negaba la objeción de conciencia de los tres casos examinados, los objetores ya han presentado los correspondientes recursos ante el Tribunal Constitucional, y están dispuestos a llegar al Tribunal de Derechos humanos de Estrasburgo si fuera necesario. También están pendientes de diferentes procedimientos judiciales en algunos Tribunales Superiores de Justicia.

Por otro lado, destacaron la admisión a trámite por parte del TSJ de Andalucía de una demanda contra los contenidos del manual de la editorial McGrawHill por parte de la familia objetora de Bollullos y se siguen presentando demandas ante el Cuerpo de Inspectores de Educación.

Nicolas de Cardenas/ReL